A tres años de iniciado el primer gobierno de izquierda en Colombia, el país no solo enfrenta transformaciones políticas, económicas y sociales, sino que también se encuentra ante una pregunta urgente: ¿qué tan preparada está nuestra democracia para contener los excesos de poder?

Más allá de los debates ideológicos, lo que estos años nos enseñan es el riesgo estructural de concentrar demasiado poder en la figura presidencial, especialmente cuando las decisiones no se someten a controles rigurosos ni a evidencia técnica.

 Transición energética sin planificación

Uno de los frentes más afectados ha sido el energético. La desarticulación de sectores clave como el petróleo, el gas y el carbón ha avanzado sin un plan de transición serio. Las consecuencias son visibles: caída en la producción, desempleo, pérdida fiscal y un panorama energético incierto. Si mañana un presidente decidiera detener la producción de café por razones ideológicas, bajo el modelo actual, no habría mecanismos efectivos para impedirlo.

 Crisis en salud y construcción

La crisis sanitaria actual no responde a falta de recursos, sino a decisiones improvisadas. El sistema de salud ha sido empujado al borde del colapso con decretos que desmantelan la cobertura. Lo mismo ocurre con el sector de la construcción, paralizado por la eliminación de subsidios que sostenían el empleo y el crecimiento económico regional.

 Seguridad debilitada

La seguridad también ha sido víctima de una lógica que romanticiza al criminal y deslegitima a las Fuerzas Armadas. Las regiones más vulnerables lo pagan con sangre, mientras el Estado pierde autoridad frente a grupos ilegales cada vez más empoderados.

 ¿Quién controla al que manda?

En este escenario, urge replantear el poder presidencial. Se propone la creación de un comité técnico independiente que respalde y revise las decisiones de alto impacto. Además, Colombia debería adoptar protocolos como los de EE. UU., donde el presidente se somete a exámenes médicos anuales para garantizar su idoneidad física y mental.

 Indultos y nombramientos sin filtro

Otro punto crítico: los indultos y designaciones. ¿Es razonable que un presidente pueda liberar criminales y convertirlos en "gestores de paz" sin supervisión? O que embajadores y ministros sin experiencia técnica sean nombrados por afinidad política. La democracia no puede sostenerse con cargos improvisados.

Riesgos fiscales sin freno

La Regla Fiscal, creada para blindar la economía, se ha violado con una facilidad preocupante. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) debe tener poder real y vinculante. Hoy, el gasto público se ha disparado sin respaldo técnico ni parlamentario, dejando a Colombia en una situación fiscal frágil.

Conclusión: no es ideología, es institucionalidad

Colombia necesita proteger su democracia no con discursos, sino con controles efectivos, instituciones fuertes y decisiones técnicas. Si no limitamos el poder presidencial, seguiremos a merced de visiones personales, caprichos o estados de ánimo. La democracia es algo más que elecciones: es un sistema que debe evitar que cualquier figura, por popular o carismática que sea, se convierta en una amenaza para el bien común.