El agente interventor de la empresa Air-e, Edin Palma, informó este jueves que se está trabajando en una solución empresarial para garantizar el funcionamiento de la compañía en el mediano y largo plazo, descartando su devolución a los accionistas. Palma explicó que la posible compra por parte del Gobierno nacional es una de las opciones consideradas debido a los "graves hallazgos operativos, financieros y técnicos" detectados durante el proceso de intervención.
“Esta compañía no será devuelta a los dueños. Esa sí es una decisión política que está tomada”, afirmó Palma durante una visita a la sede administrativa de Air-e en Santa Marta. Además, señaló que se están consolidando diversos escenarios sobre el futuro de la empresa bajo la administración temporal de la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios).
“No sabemos qué va a pasar con la compañía: si entrará en liquidación, si se venderá o si la comprará el Estado. El presidente nos ha pedido evaluar esta posibilidad, y estamos trabajando en la construcción de una solución empresarial viable”, destacó Palma.

El interventor también anunció que se realizará una convocatoria pública para buscar asesores que ayuden a estructurar esta solución empresarial. “Al final, presentaremos dos o tres propuestas al presidente para tomar una decisión definitiva”, indicó.
En paralelo, Palma hizo un llamado al equipo de trabajo de Air-e para fortalecer el compromiso con los usuarios y mejorar la calidad del servicio. Como parte de esta iniciativa, lanzó el ‘Gran Pacto con la Comunidad para la Calidad Eléctrica y el Bienestar de los Usuarios de Air-e’, en el marco de la estrategia ‘Air-e a la Calle’. Este plan busca atender las necesidades de 1,3 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira, fortaleciendo la confianza entre la compañía y sus clientes.
“Es necesario restablecer el pacto entre las empresas de servicios públicos y los usuarios, que son su razón de ser. Por eso hemos firmado este acuerdo para comprometernos a mejorar el servicio, reducir tarifas y avanzar en un ambicioso plan de transición energética”, aseguró Palma. Asimismo, instó a los usuarios a hacer un uso responsable de la energía eléctrica y a cumplir con el pago de sus facturas.

Tras la intervención con fines liquidatorios, el interventor Palma, junto con el Gobierno nacional, ha diseñado una hoja de ruta para garantizar la prestación del servicio de energía. Este plan incluye:
Subsidios energéticos por $300 mil millones y recursos adicionales por $100 mil millones para la compra de energía.
El Programa de Normalización de Redes Eléctricas (Prone).
Soluciones fotovoltaicas y proyectos de autogeneración con energías limpias.

Norman Alarcón Rodas, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios en el Caribe, apoyó la idea de que el Gobierno mantenga el control de Air-e. “El Estado es el único que tiene el músculo financiero para realizar las cuantiosas inversiones requeridas y garantizar la operatividad de la empresa. Sería una forma de compensar el abandono estatal que ha sufrido la región Caribe durante décadas”, manifestó.
Alarcón también propuso que, una vez estabilizada la compañía, se constituya una empresa pública regional con el apoyo de las entidades territoriales y las regalías mineras. Por último, solicitó la derogación del régimen especial tarifario aplicado al Caribe colombiano y el cumplimiento del pago de la opción tarifaria.