La condena en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe Vélez —doce años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno a testigos— marca apenas un nuevo capítulo en un proceso judicial que aún tiene recorrido por delante.

Este lunes, 4 de agosto, comenzaron a correr los siete días hábiles que la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, concedió a la defensa del exmandatario para interponer su apelación.

El abogado Jaime Granados, representante legal de Uribe, ya había anunciado que apelará la sentencia, de más de 1.100 páginas, que también impone una multa de 3.400 millones de pesos (unos 822 mil dólares) y una inhabilitación de ocho años para ejercer cargos públicos.

“La defensa conoce el proceso desde su origen”, subrayó la jueza Heredia al rechazar una solicitud de prórroga más amplia. Uribe fue quien, en 2012, dio origen al caso al denunciar al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. No obstante, la Corte Suprema de Justicia decidió no investigar a Cepeda y sí a Uribe, por los mismos hechos.

Lo que viene: una batalla judicial que podría durar años

Una vez presentada la apelación, el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que tendrá hasta el 16 de octubre de 2025 para confirmar, modificar o revocar la sentencia. Esta fecha es crítica, pues coincide con la prescripción de la acción penal.

“El tribunal está ante una sentencia histórica. El fallo de segunda instancia debe resolverse antes de esa fecha límite o el proceso se extinguiría”, explicó Miguel Ángel del Río, abogado de las víctimas.

Si el fallo del Tribunal modifica aspectos clave de la condena, cualquiera de las partes podría acudir a una última instancia: la Corte Suprema de Justicia, mediante un recurso de casación, lo que alargaría el proceso varios años más.

Expectativa en el uribismo

Desde el Centro Democrático, partido que lidera Uribe, las esperanzas están puestas en la segunda instancia. La senadora Paloma Valencia afirmó en su cuenta de X que “los jueces también se equivocan y por eso existen las apelaciones. Lo importante es que se garantice el debido proceso”.

Aunque el camino judicial aún está lejos de su final, la condena ha reavivado el debate sobre la responsabilidad penal del expresidente más influyente del siglo XXI en Colombia, al tiempo que pone a prueba la fortaleza institucional del país.