Los jóvenes Edwin Murcia Rodríguez y Kevin Hernández Socha fueron sentenciados a 18 años de prisión por su participación en un ataque con bombas molotov contra el CAI de La Aurora, en la localidad de Usme, Bogotá, durante las protestas del Paro Nacional en 2021. La condena fue emitida por el juez quinto especializado de Bogotá, quien también ordenó su captura para que cumplan la pena en un centro carcelario.

El ataque ocurrió en la noche del 4 de mayo de 2021, cuando los dos jóvenes, junto a otros manifestantes, intentaron prender fuego al CAI mientras 15 agentes de la Policía Nacional se encontraban resguardados en el interior. Los atacantes lanzaron varias bombas molotov, un acto que puso en grave riesgo la vida de los uniformados. Afortunadamente, los policías lograron salir ilesos, pero el ataque dejó daños materiales considerables en la estructura del CAI.

La sentencia se basa en las pruebas presentadas por la Fiscalía, que demostraron la participación directa de Murcia Rodríguez y Hernández Socha en el intento de homicidio colectivo. El juez determinó que ambos jóvenes actuaron de manera premeditada y con la intención de causar la muerte de los uniformados, en un contexto de fuerte tensión social durante las manifestaciones que tuvieron lugar en el país.

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El caso resalta la gravedad de los ataques contra las fuerzas de seguridad durante el Paro Nacional, que dejó numerosos episodios de violencia en todo el país. En este contexto, las autoridades han buscado imponer penas severas a quienes cometen delitos graves en el marco de las protestas, subrayando la importancia de la protección de los derechos humanos y la seguridad pública.

A pesar de la condena, los defensores de los jóvenes argumentaron que las acciones de los acusados fueron un reflejo de la frustración y la desesperación en el contexto de las protestas sociales, aunque el juez descartó estos argumentos al considerar la gravedad del ataque.

Con esta decisión judicial, las autoridades buscan dar un mensaje claro sobre la protección de los agentes del orden y reafirmar la responsabilidad penal frente a los actos violentos cometidos durante las manifestaciones, buscando, a su vez, una convivencia pacífica y respetuosa de la ley.