Ingrid Johana Arroyo, exdirectora del Sisbén en Montería, sigue luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras ser atropellada el 7 de enero por un adolescente de 16 años, quien conducía una camioneta Toyota Fortuner blanca, de placas IXY 357 de Bogotá. El incidente ocurrió cuando el joven embistió a Arroyo luego de arrollar y matar a su mascota, y, al ser confrontado por la víctima, la atropelló violentamente con su vehículo.

Ingrid Johana Arroyo se debate entre la vida y la muerte tras ser estrellada por un menor de edad. | Foto: Ingrid Johana Arroyo se debate entre la vida y la muerte tras ser estrellada por un menor de edad.

El abogado de la familia de la víctima, Gustavo Moreno, ha expresado su preocupación por la falta de acción por parte de las autoridades. “No es razonable que el victimario al día de hoy continúe evadiendo la justicia”, afirmó, solicitando a la Fiscalía que acelere el proceso judicial. El parte médico de la Clínica CUMI, donde Arroyo está recibiendo atención, indica que la exdirectora sufrió politraumatismo severo con graves lesiones en pelvis, abdomen y tórax, lo que agrava su estado de salud.

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Moreno destacó que, según los videos recabados en el lugar del incidente, se puede evidenciar que el joven actuó con dolo, acelerando deliberadamente contra la víctima. “Estos hechos representarían una tentativa de homicidio en concurso con lesiones personales agravadas”, aseguró el abogado, subrayando la gravedad de la situación y la necesidad de una sanción ejemplar. A pesar de que el agresor tiene menos de 16 años, la seriedad de sus acciones exige una respuesta legal firme, según Moreno.

El caso ha generado indignación en Montería y reavivado el debate sobre la responsabilidad penal de los menores en delitos graves. “A los jóvenes no solo se les deben enseñar sus derechos, sino también sus responsabilidades frente a sus actos”, concluyó el abogado.

Hasta el momento, el adolescente permanece en libertad, lo que ha generado preocupación en la comunidad y entre organizaciones que exigen justicia. La familia de Arroyo y sus representantes legales insisten en que se debe garantizar una respuesta efectiva y oportuna para evitar la impunidad en este caso.