La decisión del presidente Gustavo Petro de no permitir el ingreso a Colombia de ciudadanos deportados desde Estados Unidos desató una fuerte polémica y cuestionamientos legales. Según Jaime Orlando Santofimio, exmagistrado del Consejo de Estado, esta medida vulnera el artículo 24 de la Constitución Política, que consagra el derecho de los colombianos a permanecer y transitar libremente por el territorio nacional.

En declaraciones a Mañanas Blu, Santofimio explicó que la Constitución establece que ningún colombiano puede ser privado del derecho de ingresar a su país, salvo excepciones explícitamente contempladas en la ley. “Esta garantía se refuerza en el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que protege el derecho de los ciudadanos a no ser expulsados ni impedidos de ingresar a su nación de origen, salvo por razones legales justificadas”, subrayó el exmagistrado.

El también docente de la Universidad Externado señaló que las excepciones a este derecho solo son válidas en casos específicos, como infracciones penales, protección de la seguridad nacional, preservación del orden público, moral, salud pública o libertades individuales. Sin embargo, enfatizó que estas limitaciones deben estar previamente establecidas por la ley y no pueden ser resultado de decisiones administrativas tomadas de manera improvisada.

La negativa inicial del Gobierno colombiano de recibir a dos aviones con deportados desde Estados Unidos generó una crisis diplomática. Como represalia, el presidente estadounidense Donald Trump impuso sanciones, entre ellas la suspensión inmediata de la emisión de visas en Bogotá y el aumento de aranceles a productos colombianos.

Aunque el Gobierno de Colombia terminó aceptando las condiciones de Estados Unidos tras horas de negociación, el incidente dejó un debate abierto sobre los límites del poder ejecutivo para restringir derechos fundamentales de los ciudadanos y las implicaciones internacionales de estas decisiones.

“La Constitución es clara: no se puede impedir el ingreso de los connacionales al territorio nacional, y decisiones de este tipo, sin respaldo jurídico, vulneran no solo la Carta Magna, sino también principios de derechos humanos”, concluyó Santofimio.

Esta controversia pone en el centro del debate el equilibrio entre la soberanía nacional, la legalidad de las decisiones administrativas y el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.