Una presunta estafa masiva en el oriente de Antioquia tiene en el centro de la controversia a Jennifer Muñoz, quien habría defraudado a al menos 200 personas mediante una empresa de organización de eventos. Los afectados, que confiaron en ella para coordinar celebraciones como bodas, graduaciones y cumpleaños, aseguran haber perdido sus inversiones en medio de un desfalco millonario.

Ante la presión pública y las denuncias legales, Muñoz decidió dar la cara mediante una carta de tres páginas escrita a mano, donde explicó lo sucedido y pidió comprensión, argumentando que nunca tuvo la intención de engañar a sus clientes. En el documento, también hizo un llamado por la seguridad de su familia, que según ella, está siendo víctima de amenazas y malos tratos.

En su misiva, Muñoz relató que su negocio comenzó a crecer rápidamente gracias a su oferta de tarifas competitivas y un servicio de alta calidad, lo que la llevó a ganar reputación en municipios como La Ceja y otros cercanos a Medellín. Sin embargo, admitió que su modelo financiero no era sostenible.

“Mi intención jamás fue estafarlos o no cumplirles. Estoy declarada en insolvencia económica, la cual se puede demostrar en mis cuentas bancarias y en no poseer ninguna propiedad ni patrimonio. Los que suben como palma, caen como coco”, escribió.

Según su relato, ofrecía eventos completos a precios muy bajos, como un caso donde cobró 12 millones de pesos por una fiesta que en realidad costaba 30 millones. Para mantener su reputación, usaba recursos propios para cubrir los déficits, lo que agravó su situación económica.

“Vendía eventos todo incluido por $5.000.000, pero cuando llegaba el momento de ejecutarlos, me costaban $12.000.000. Todo este año estuve tratando de resistir”, confesó.

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Este modelo financiero, basado en la captación de nuevos clientes para cumplir con eventos previos, colapsó en octubre de este año, lo que dejó a decenas de personas sin sus celebraciones ni su dinero. Según fuentes cercanas al caso, el monto total del desfalco podría superar los 400 millones de pesos.

Las víctimas han recurrido a la justicia para exigir la devolución de su dinero y el esclarecimiento de los hechos. Jennifer Muñoz, por su parte, aseguró estar colaborando con las autoridades y dispuesta a asumir las consecuencias legales.

“La plata jamás valdrá más que estar al lado de mi hijo y de mi familia. Estoy tratando de buscar soluciones. Perdón a todos, a mi familia, a mis amigos, a mi hijo”, concluyó en su carta.

Expertos financieros señalan que casos como este suelen surgir cuando se manejan esquemas piramidales, donde los ingresos de nuevos clientes se utilizan para cubrir costos previos, sin una base sólida que respalde la operación. Aunque Muñoz afirma que su intención nunca fue estafar, el modelo que utilizaba podría configurar un delito, ya que afectó el patrimonio de decenas de personas.

Los afectados han mostrado indignación y escepticismo ante las palabras de Muñoz, señalando que muchos de ellos confiaron en ella por su supuesta reputación y ahora enfrentan pérdidas económicas significativas.

Mientras tanto, las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar si hubo dolo en la gestión de los recursos y establecer si Jennifer Muñoz debe enfrentar cargos por estafa u otros delitos relacionados. La comunidad espera respuestas y medidas que permitan esclarecer lo ocurrido en este caso que ha conmocionado al oriente antioqueño.