9:45 AM Persistencia del uso de tracción animal en Colombia alerta a la Procuraduría | |
![]() Según cifras recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), un total de 7.275 animales, principalmente equinos como caballos y mulas, continúan siendo empleados en labores de tracción en diversas regiones del país. Los departamentos con mayor número de vehículos de tracción animal (VTA) son Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar, Magdalena, Antioquia y Cauca, lo que evidencia una problemática persistente en el contexto de bienestar animal. Ante esta situación, la Procuraduría General de la Nación, en cabeza del procurador general Gregorio Eljach, activó una actuación preventiva orientada a evaluar la eficacia de las políticas públicas adoptadas en relación con la protección animal, así como el grado de cumplimiento de la Ley 2455 de 2025 —conocida como Ley Ángel—, normativa que dio origen al Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal. En desarrollo de esta actuación, el ente de control ha solicitado a los ministerios de Agricultura, Ambiente, Salud, Transporte, Interior y Justicia un informe pormenorizado sobre las medidas implementadas en áreas clave, tales como el bienestar animal en contextos agropecuarios, la prevención de enfermedades zoonóticas, la protección de fauna en corredores viales, la tenencia responsable de animales y los avances en la sustitución progresiva de los VTA. Le puede interesar: Uribe apela condena: “Ha sido un juicio político, con sesgo y sin investigación” De manera complementaria, se ha requerido a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) información técnica y administrativa sobre el funcionamiento de hogares de paso, centros de atención y rehabilitación de fauna silvestre. En particular, se solicitó documentación sobre las condiciones de infraestructura, el número y cualificación del personal técnico, la existencia de licencias o permisos ambientales y la disponibilidad presupuestal destinada a dichas operaciones. Esta revisión integral busca establecer el grado de cumplimiento normativo e institucional frente a una práctica que, pese a los avances legislativos, persiste en zonas urbanas y rurales del país, exponiendo a los animales a condiciones de vulnerabilidad física y emocional. | |
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