La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por presuntas irregularidades en la celebración de convenios.

Según la Sala de Instrucción Disciplinaria, se investiga la supuesta modificación de un acuerdo entre el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres y la ANT, que habría reducido su valor en $100 mil millones. Estos ajustes, presuntamente, se habrían realizado para desviar y trasladar los recursos restantes. 

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El ente de control también analiza posibles relaciones contractuales entre los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, y el funcionario Luis Barreto, quienes podrían haber coordinado con otros servidores públicos para destinar los recursos a sobornos y anticipos relacionados con las presuntas irregularidades. Se señala que lo pactado equivaldría al 7 % del total de los montos, utilizado para el presunto pago de coimas.

La investigación tiene como objetivo individualizar a los responsables, determinar si las acciones corresponden a faltas disciplinarias y establecer si existió alguna causal de exclusión de responsabilidad en el actuar de los implicados.