La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria por presuntos sobrecostos en la adquisición de kits de uniformes por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La investigación está dirigida contra Ana María Castaño Álvarez, entonces secretaria general de la entidad, por un contrato de suministro valorado en cerca de $10.000 millones.

Según el organismo de control, el contrato tenía como objetivo la adquisición de kits de uniformes para 6.633 funcionarios, contratistas y colaboradores de la UNGRD en todo el país. Los kits incluían prendas como gorras, chalecos y camibusos tipo polo, con un costo estimado de $1.507.533 por persona, lo que totalizaría $9.999.466.

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La Procuraduría solicitó la documentación relacionada con las etapas previas y contractuales del proceso, incluidas las propuestas de las oferentes y las evaluaciones realizadas, para determinar si hubo sobrecostos en la contratación.

El Ministerio Público avanza en la investigación con el objetivo de verificar la existencia de irregularidades, establecer si se trata de una falta disciplinaria y determinar posibles responsabilidades o causales de exclusión.