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Procuraduría suspende a 19 concejales de Barranquilla por elección irregular de personera

La Procuraduría General de la Nación (PGN) emitió un fallo de primera instancia que suspende a 19 concejales de Barranquilla del periodo 2020-2023. La decisión se toma debido a presuntas irregularidades en la elección de la personera encargada, Angélica María Ávila Goldarfb, quien no habría cumplido los requisitos legales exigidos para el cargo.

Según la investigación, los concejales habrían elegido y posesionado a Ávila Goldarfb en febrero de 2020, a pesar de que esta no acreditaba un título de posgrado, requisito establecido por la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012. La Procuraduría concluyó que los concejales actuaron con dolo, imponiendo una sanción de seis meses de suspensión para 17 de ellos, mientras que a Juan Carlos Ospino se le impuso una sanción de ocho meses.

Oswaldo Díaz, también incluido en la lista de investigados, fue excluido del fallo debido a su fallecimiento.

El actual secretario de Cultura de Barranquilla y exconcejal, Juan Carlos Ospino, defendió la elección de Ávila Goldarfb:
"Revisamos la documentación en tres instancias, incluyendo una certificación de la Universidad Externado que indicaba que había finalizado sus estudios de posgrado. Sin embargo, una constancia de un colega sugirió que no cumplía con los requisitos, lo que inició esta investigación."

Por su parte, Heidy Barraza, actual concejal, calificó el fallo como inicial y apelable: "Es una decisión de primera instancia, no está ejecutoriada. Garantizaremos la doble conformidad de esta decisión."

El fallo, sustentado en el artículo 225F de la Ley 1952 de 2019, permite a los sancionados presentar recursos legales para apelar la decisión y continuar el debate jurídico.

Este caso no solo pone en entredicho las actuaciones de los concejales, sino que también expone la necesidad de reforzar los procedimientos para garantizar elecciones transparentes en los cargos públicos. Mientras tanto, los concejales sancionados se preparan para apelar en las instancias correspondientes, buscando revertir la decisión de la Procuraduría.

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