El anuncio del rearme de Iván Márquez, Romaña, el Paisa y Jesús Santrich, disidentes de las Farc, ha sacudido el escenario político colombiano, generando profundas implicaciones para las elecciones que se avecinan y fortaleciendo el discurso del uribismo. La imagen de los exjefes guerrilleros vestidos de camuflado y anunciando la refundación de una guerrilla se ha convertido en un golpe para los defensores del proceso de paz y una bandera para quienes han criticado sus acuerdos.

El expresidente Álvaro Uribe fue uno de los primeros en pronunciarse, incluso antes que el propio Gobierno. Desde Girón, Santander, donde apoya la candidatura de Ángela Hernández a la gobernación, Uribe reiteró sus propuestas de reformar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o derogarla por completo. Argumentó que el rearme de los exguerrilleros refuerza su postura de que el acuerdo de paz generó “impunidad” y que el país necesita un enfoque renovado de seguridad democrática.

“Nuevamente queda claro que el acuerdo de paz permitió que criminales eludieran la justicia. No podemos seguir permitiendo este tipo de errores. Mientras yo esté en la Presidencia del Congreso, mantendremos nuestra independencia frente al Ejecutivo”, declaró Uribe, quien ha insistido en que las acciones recientes de los exFarc son un argumento para replantear los acuerdos de paz.

Por su parte, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, aseguró que actuarán con celeridad frente a los rearmados. “Esto constituye una causal de expulsión inequivoca de la jurisdicción especial, que se aplicará rigurosamente”, puntualizó Linares. Se espera que las acciones inmediatas de la JEP sean determinantes para enfrentar las críticas y demostrar que existe un compromiso con la justicia transicional.

El rearme también ha impactado la percepción de la opinión pública sobre el Congreso. Jesús Santrich, quien aún conserva su investidura como congresista debido al debido proceso, representa una paradoja: un congresista alzado en armas. Mientras tanto, Iván Márquez ya había perdido su investidura en primera instancia tras no posesionarse ni justificar su inasistencia.

El uribismo ha capitalizado este episodio para reforzar su discurso, recordando que algunos exFarc se benefician del sistema mientras otros regresan al monte. En programas como La Hora de la Verdad, el exministro Fernando Londoño expresó que “nunca hubo paz” y criticó que el acuerdo entregó el país a los guerrilleros. Londoño destacó la “división estratégica” que permite a algunos ocupar curules en el Congreso mientras otros retoman las armas.

Este rearme también afecta al partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), que intenta ganar representación en las elecciones regionales. Rodrigo Londoño, líder del partido, no descartó la expulsión de los rearmados, aunque insistió en que la decisión se tomará democráticamente.

La sombra de una guerrilla rearmada también fortalece la narrativa de seguridad democrática, una bandera uribista que aboga por mano firme contra los disidentes. Este incidente, que genera un efecto dominó en el escenario político, también pone en tela de juicio los avances del proceso de paz y obliga a replantear el futuro de las iniciativas para una reconciliación efectiva en Colombia.